La Constitución prevé en su artículo 254 que la justicia será gratuita para los declarados pobres con arreglo a la ley. A estos efectos, el pobre con un reclamo por hacer, o proceso por iniciar, tiene en Tacuarembó dos caminos: acudir a la Defensoría de Oficio, o acudir a un abogado particular y que este tramite lo que se conoce como una auxiliatoria de pobreza. En la primera opción no paga timbres ni honorarios profesionales; en la segunda, no paga timbres ni publicaciones, pero sí al abogado. En Montevideo hay otras posibilidades: consultorios barriales, y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho.

El Colegio de Abogados de Tacuarembó ha dispuesto, y lo considera deber gremial, el cobro de toda consulta verbal por una suma de pesos uruguayos ochocientos ($U 800) Incluso ha repartido carteles con destino a colocarse en los estudios jurídicos de abogados particulares con esta tarifa.

Indudablemente, a un trabajador que ha quedado sin trabajo, o una madre que debe pedir pensión alimenticia para sus hijos, se le hará muy difícil, pagar una consulta de ése monto. En estos casos, lo habitual es que el abogado cobre un porcentaje del reclamo laboral, o un par de pensiones en el juicio de pensión, sin necesidad de pagos previos.

Esto tendrá como consecuencia, un aumento en la ya excesiva cantidad de reclamos que se tramitan por Defensoría de Oficio, la que ve resentida la eficiencia del servicio que presta, no porque los profesionales y funcionarios no sean idóneos, sino porque el cúmulo de trabajo es mucho.

Creemos que debería asesorarse al público en general, sobre las ventajas de tramitar una auxiliatoria, cuando corresponda, para que quien tenga un margen pague solamente los honorarios de su defensa privada, que generalmente es mejor para la persona. Puede haber financiación. O arreglar los honorarios al final, en los casos ya mencionados, y la consulta, incluirla en esos honorarios al final. En casi todas las profesiones, los aranceles suelen estar divorciados de la realidad, y lo habitual es que la mayoría de los profesionales no se ajusten estrictamente a los mismos.

Nuestra abogacía debe acercarse más a la población, porque de lo contrario, no solo que colapsará el sistema público de defensa gratuita, sino que además los abogados trabajarán menos. La persona más pobre, puede acercar a un abogado el mejor de los casos.

Fuente: Acción Informativa